A tres años de la muerte en una comisaría de Villa Mercedes, archivaron la causa de Franco Maranguello

Este lunes se cumplieron tres años de la segunda muerte ocurrida en una comisaría de San Luis en plena cuarentena, la de Franco Maranguello de 16 años. Pero con una novedad que sacudió a la familia: el caso fue archivado por decisión de la Justicia.

La causa era investigada en el fuero de la jueza N° 3, Mirta Ucelay y durante todo este proceso judicial de estos años, los pasos en el expediente fueron minúsculos y estuvo prácticamente paralizado en la etapa de Instrucción.

Quien dio a conocer la noticia fue Gustavo Otegui, el abogado de la familia de Maranguello. A través de un posteo en sus redes sociales comunicó que ya presentaron una apelación ante la Cámara y avisó que van a “exigir que se continúe con la investigación”.

“La Justicia, amparando o protegiendo no sé qué intereses oscuros, ordenó la medida sin que nadie se haga cargo de la muerte de Franco. En la causa por incumplimiento de los deberes de funcionario público, los policías involucrados han pedido la prescripción de la acción. Es decir, otra muerte sin culpables”, puntualizó el letrado.

El hecho sucedió dos semanas después del caso de Florencia Morales en Santa Rosa del Conlara. En esta ocasión el joven detenido en la puerta de su casa por efectivos de la Policía había sido trasladado a la Comisaría de Ayuda a la Niñez y la Adolescencia de la ciudad. Según la versión oficial, “estaba en actitud sospechosa”.

Hasta hoy, del total de policías que estaban presentes ese día en la dependencia, cuatro habían sido sumariados, aunque la jefa de la comisaría de ese momento, no estaba. Finalmente terminaron sin ser procesados, ni detenidos.

A lo largo de su texto compartido en Facebook, Otegui recordó y enumeró puntos clave del hecho y de la causa en sí, tal como que no surge del sumario policial ni del expediente digital, la comisión por parte de Maranguello de “ningún delito de acción pública” en la detención.

“La Policía estuvo más activa en investigar los antecedentes del menor, a fin de justificar su muerte en sede policial, que en investigar la dudosa y lamentable muerte”, dijo.

A su vez, sumó que “nunca quedó en claro en qué circunstancias se trasladó al menor en calidad de detenido. ¿Para qué? ¿por orden de quién? ¿bajo custodia de qué personal? ¿en qué horario? y especialmente si fue golpeado, maltratado o sometido a cualquier tipo de acto de violencia sea física o psicológica”.

“Su hermana mayor, que se encontraba con él, solicitó al personal policial que por favor no se lo llevaran y alertó sobre su frágil estado emocional. Se lo llevaron igual”, aseveró y agregó que “tampoco está claro a qué hora llegó la jueza de Menores y qué medidas dispuso”.

“¿Por qué la Policía demoró en contactar al personal judicial? ¿tratando de evitar qué? ¿tratando de esconder qué situación? De igual modo, no puede soslayarse la curiosa y sugestiva actitud policial, que teniendo a la madre del menor en la comisaría, le ocultó la información de su muerte por más de dos horas ¿Por qué? ¿para qué necesitaban este tiempo?”, manifestó.

Lo cierto es que el caso tomó trascendencia nacional y era seguido de cerca por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

En varias oportunidades la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, seccional San Luis (APDH), se pronunció con el pedido de justicia para los casos, no solo de Maranguello, sino también el de Morales.

El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, por su parte, planteó observaciones en el camino judicial. Indicaron que “no se indagó sobre posibles acciones u omisiones de los efectivos policiales, sino que se hizo énfasis en los antecedentes” del adolescente.

Además, el Comité encontró irregularidades en la autopsia porque “no resultaba esclarecedora para determinar si era posible la hipótesis del suicidio en virtud de la poca exhaustividad”.

La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), se expidió en su momento y exigió justicia. “Sus asesinos y responsables están libres”, indicaron en un comunicado las autoridades.

La única oportunidad en la que el gobernador Alberto Rodríguez Saá se refirió al caso fue durante una conferencia de prensa un par de meses después del hecho. Dijo que la responsabilidad de saber qué pasó, era de la Justicia.

"Ninguna de las muertes en las comisarías estuvo vinculada a la pandemia ni a las medidas tomadas", manifestó.

Sobre ello, Otegui contó que “ni el gobernador, ni el vicegobernador, ni ningún ministro, se comunicó con Sandra Bravo, la mamá de Franco, al menos para darle el pésame y asegurarle una investigación seria, imparcial y detallada”.

“El autócrata que nos gobierna, empoderado en pandemia como nunca en 40 años, ni una sola explicación. Como siempre. Como siempre actúa este Gobierno, silencio y ausencia”, calificó.

Por último, adelantó que agotará “todas las instancias” para que se esclarezca el hecho.

“Creo firmemente que a Franco Maranguello lo asesinaron, creando un escenario de suicidio que pretenden sostener por cualquier medio. Iremos hasta las últimas consecuencias, incluso llevando el caso fuera de la Provincia, para evitar que los cómplices –políticos y gobernantes de turno- logren el cometido de salvar su responsabilidad. Mientras tanto, vivirán con la culpa de haber entregado a Franco y a Magali a la peor cara de las fuerzas de seguridad”, completó.

El Chorrillero mantuvo un diálogo con el fiscal de Instrucción N° 3, José Olguín que intervino en el caso. Uno de los puntos centrales en el que buscaba detenerse era en el rol y qué responsabilidades que tuvieron los policías que estuvieron presentes aquel día

“Por ejemplo, si hay un homicidio, es un delito culposo. Ahora, esto, en principio, nunca se descartó o fue contradicho por las pruebas. Lo que estimamos es que no se trata de un homicidio, sino de un suicidio. Pero incluso en esta circunstancia, puede haber ciertas actitudes de negligencia”, subrayó.

A lo largo del proceso se recolectaron testimonios y evidencias como el análisis toxicológico y psicológico de Franco, el estudio de los celulares de policías, entre otros elementos.

Respecto a la figura del “suicidio inducido”, el funcionario sostuvo que “es muy difícil de probar”. “Un suicidio no es simple de explicar. Es que la figura del suicidio de ese tipo llega a ser del grado de homicidio culposo. En principio no tenemos la evidencia para eso”, analizó.

“Implica saber cuál es la responsabilidad de la persona o cuál es el deber: si vos lo tomas como total o absoluto o si vas a un principio razonable de responsabilidad de protección o de guarda. Creo que se tiene que atender las circunstancias particulares del caso y sobre eso a la presencia de la responsabilidad”, agregó.

El inicio de otro proceso judicial

Además de la causa en el fuero penal dentro de poco tiempo comenzará el desarrollo en el civil. Buscarán que el Estado haga un resarcimiento.

“Ya iniciamos un beneficio de litigar sin gasto, que ya fue otorgado. Ahora interpondremos la acción por daños de perjuicios, para el resarcimiento a la madre por el fallecimiento de su hijo”, aseveró Otegui.